Tarjetas opacas de Caja Madrid

2-10-2014

Un nuevo escándalo se ceba con la banca española. En las últimas horas, se han hecho públicas las investigaciones de la Audiencia Nacional y Anticorrupción sobre los supuestos delitos societarios y de apropiación indebida cometidas por los consejeros de Caja Madrid (Bankia)  a través de las conocidas como “tarjetas fantasma” o "tarjetas opacas".

Durante años los directivos y consejeros de la antigua Caja Madrid usaron estas tarjetas para retirar efectivo de los cajeros automáticos de la entidad y para pagar gastos de carácter personal. La opacidad de estas tarjetas no se limitaba a eludir el Ministerio de Hacienda, también, se diseñaron para esquivar las auditorías internas de la caja. Al parecer, los cargos eran camuflados en partidas “correspondientes  a errores del servidor informático" y de este modo conseguían pasar inadvertidos. Las cuentas de errores de este tipo son bastante frecuentes en las aplicaciones financieras de las grandes entidades bancarias y son utilizadas para efectuar cuadres en el balance como consecuencia de incidencias ocasionadas por problemas técnicos o fallos de conexión.

Las investigaciones correspondientes a estas “tarjetas opacas” se remontan a comienzos del 2013, cuando en un correo electrónico del secretario del consejo dirigido a Miguel Blesa, calificado como “confidencial”, le informaba de las retribuciones del consejo de administración incluyendo unas tarjetas de crédito "black a efectos fiscales".

El gestor de estas “tarjetas fantasma” era Ildefonso Sánchez Barcoj, uno de los hombres fuertes de Caja Madrid durante la presidencia de Rodrigo Rato y su antecesor en el cargo Miguel Blesa. Además Barcoj se benefició de cargos opacos por importe de 484.200 euros entre los años 2003 y 2012.

Los consejeros y directivos disponían de dos clases de tarjetas “black”. La “business oro” estaba en manos de los consejeros ejecutivos y directivos. La “business plata” recaía en los componentes de la Comisión de Control y del Consejo de Administración.

El importe investigado asciende a 15,5 millones de euros y el supuesto fraude se cometió entre los años 2003 y 2012. Afectaría a un total de 86 personas entre miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control, directivos y consejeros ejecutivos.

Entre los gastos, destacan 3 millones en comidas en restaurantes, 2 millones en retiradas de efectivo en cajeros automáticos, más de 1,5 millones en viajes y hoteles, más de 1 millón en gastos en centros comerciales y unos 700.000 euros en ropa y complementos.